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Noticia aparecida hoy en elmundo.es
Salud Muñoz | Tarragona
Actualizado lunes 09/03/2009 07:43 horas
El Ayuntamiento de Tarragona vuelve a estar en la cresta de una gigantesca ola de irregularidades urbanísticas. Una sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya le obliga a la demolición de los edificios de la Marina Tarragona, el puerto para yates de lujo, por no haber exigido la licencia de obras previa a la construcción.
En una sentencia de 35 páginas a la que ha tenido acceso EL MUNDO, el TSJC ha ratificado la que ya emitió el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Tarragona hace más de un año con respecto a la ilegalidad del complejo urbanístico del puerto de lujo de Tarragona, denominado Marina de Invierno, para embarcaciones de Recreo del Puerto de Tarragona.
El TSJC va ahora más allá y declara que el conjunto de seis edificios afectado no puede ser legalizado salvo que entre en vigor una nueva figura de planeamiento urbanístico. Con todo, el complejo está en un callejón sin salida, ya que esta última posibilidad parece remota si se tiene en cuenta que la Administración, ya sea municipal, portuaria o autonómica sólo dispone de dos meses para actuar antes de que se ejecute el derribo y, aún así, sería cuestionable su validez si su único objetivo es subsanar el desaguisado.
El magistrado Manuel Taboas indica en su resolución que el Ayuntamiento, cuyas alegaciones tilda de "especialmente farragosas e históricas", renunció a ejercer el control urbanístico que deben observar los municipios. Para ello, el Consistorio se basó en que no era competente porque las citadas obras eran estrictamente portuarias.Sin embargo, la jurisprudencia y las pruebas periciales practicadas - consistentes en ir a echar un simple vistazo al lugar - confirmaron que la zona es lúdica y abierta al uso ciudadano, por lo que el TSJC desbarata esa justificación y concluye que el Ayuntamiento tenía que haber exigido la licencia municipal.
Eximir a los promotores, International Marina Tarragona S.L., de la preceptiva licencia de obras sólo benefició a éstos y perjudicó enormemente a las arcas municipales, ya que se dejaron de ingresar los impuestos correspondientes -cientos de miles de euros-, un dudoso lujo para un Ayuntamiento de Tarragona, que sufre sobrecostes de más de 20 millones de euros en obras municipales que promueve, como la construcción del polémico aparcamiento Jaume I. A pesar de que el Ayuntamiento rechazó, al asegurar que no era de su competencia, la exigencia de la licencia, el entonces equipo de gobierno -CiU y PP- aprobó una Modificación Puntual del Plan General que justificaba la construcción del complejo.
El embrollo legal se remonta al Consistorio liderado por Joan Miquel Nadal (CiU), aunque el actual (PSC-ERC) recurrió la sentencia emitida desde los juzgados de Tarragona que, en lo esencial, recogía los mismos argumentos que la que ahora ha dictado el TSJC.
La sentencia obliga ahora a las administraciones municipal y autonómica a restaurar la realidad física alterada y el orden jurídico vulnerado, a imponer sanciones y a determinar los daños y perjuicios causados. Intentar legalizar las obras que realizó International Marina Tarragona S.L. en terreno de dominio público del Puerto de Tarragona será un trámite de una complejidad extraordinaria, ya que ni el Ayuntamiento ni la Generalitat disponen de ninguna herramienta jurídica que lo permita.
Salud Muñoz | Tarragona
Actualizado lunes 09/03/2009 07:43 horas
El Ayuntamiento de Tarragona vuelve a estar en la cresta de una gigantesca ola de irregularidades urbanísticas. Una sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya le obliga a la demolición de los edificios de la Marina Tarragona, el puerto para yates de lujo, por no haber exigido la licencia de obras previa a la construcción.
En una sentencia de 35 páginas a la que ha tenido acceso EL MUNDO, el TSJC ha ratificado la que ya emitió el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Tarragona hace más de un año con respecto a la ilegalidad del complejo urbanístico del puerto de lujo de Tarragona, denominado Marina de Invierno, para embarcaciones de Recreo del Puerto de Tarragona.
El TSJC va ahora más allá y declara que el conjunto de seis edificios afectado no puede ser legalizado salvo que entre en vigor una nueva figura de planeamiento urbanístico. Con todo, el complejo está en un callejón sin salida, ya que esta última posibilidad parece remota si se tiene en cuenta que la Administración, ya sea municipal, portuaria o autonómica sólo dispone de dos meses para actuar antes de que se ejecute el derribo y, aún así, sería cuestionable su validez si su único objetivo es subsanar el desaguisado.
El magistrado Manuel Taboas indica en su resolución que el Ayuntamiento, cuyas alegaciones tilda de "especialmente farragosas e históricas", renunció a ejercer el control urbanístico que deben observar los municipios. Para ello, el Consistorio se basó en que no era competente porque las citadas obras eran estrictamente portuarias.Sin embargo, la jurisprudencia y las pruebas periciales practicadas - consistentes en ir a echar un simple vistazo al lugar - confirmaron que la zona es lúdica y abierta al uso ciudadano, por lo que el TSJC desbarata esa justificación y concluye que el Ayuntamiento tenía que haber exigido la licencia municipal.
Eximir a los promotores, International Marina Tarragona S.L., de la preceptiva licencia de obras sólo benefició a éstos y perjudicó enormemente a las arcas municipales, ya que se dejaron de ingresar los impuestos correspondientes -cientos de miles de euros-, un dudoso lujo para un Ayuntamiento de Tarragona, que sufre sobrecostes de más de 20 millones de euros en obras municipales que promueve, como la construcción del polémico aparcamiento Jaume I. A pesar de que el Ayuntamiento rechazó, al asegurar que no era de su competencia, la exigencia de la licencia, el entonces equipo de gobierno -CiU y PP- aprobó una Modificación Puntual del Plan General que justificaba la construcción del complejo.
El embrollo legal se remonta al Consistorio liderado por Joan Miquel Nadal (CiU), aunque el actual (PSC-ERC) recurrió la sentencia emitida desde los juzgados de Tarragona que, en lo esencial, recogía los mismos argumentos que la que ahora ha dictado el TSJC.
La sentencia obliga ahora a las administraciones municipal y autonómica a restaurar la realidad física alterada y el orden jurídico vulnerado, a imponer sanciones y a determinar los daños y perjuicios causados. Intentar legalizar las obras que realizó International Marina Tarragona S.L. en terreno de dominio público del Puerto de Tarragona será un trámite de una complejidad extraordinaria, ya que ni el Ayuntamiento ni la Generalitat disponen de ninguna herramienta jurídica que lo permita.
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